martes, 5 de abril de 2011

Pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de DD.HH. sobre la brutal represión policial en Mollendo

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, expresa su preocupación por la situación en la Provincia de Islay, a más de doce días desde que se iniciaron las protestas contra el proyecto minero Tía María, con el lamentable saldo de una persona fallecida hoy 04 de abril , Andrés Taype, y al menos 8 heridos de bala.


Las organizaciones sociales movilizadas en el valle del Tambo se oponen a que éste se convierta en un lugar de desarrollo de la minería, ya que a su juicio esto les generaría un grave perjuicio. Pese a la oposición de la población, las autoridades han continuado con los procesos administrativos que tendrán como final el otorgamiento de la licencia para que el proyecto minero se desarrolle.


La CNDDHH, considera sumamente cuestionable que las autoridades insistan en llevar adelante un proyecto minero con una oposición tan grande de la población, que ha sido manifestada en varias consultas y en las últimas movilizaciones y paralizaciones. Un estado plenamente democrático debe respetar decisiones como la expresada por la población del Tambo, conforme a la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1), la cual establece el derecho a participar en las decisiones relacionadas con el medio ambiente (principio 10).


Por otra parte, la paralización viene perjudicando a los pobladores- y en especial a las personas afectadas en su integridad física por la acción de las fuerzas del orden- y también a los policías que están trabajando en condiciones indignas de alimentación y alojamiento. Además, causa preocupación la promulgación de la RS 113-2011-DE que autoriza la intervención de las FFAA en apoyo a la policía, y la aplicación del DL 1095, que determina el procesamiento en el fuero militar de los excesos que pudieran cometer las fuerzas del orden.


Ante todo ello, invocamos a los pobladores de Islay y a las autoridades nacionales a insistir en el diálogo para resolver esta situación lo más pronto posible. Asimismo, exigimos a las autoridades atender de inmediato a los heridos, sancionar a los responsables y no continuar haciendo uso excesivo de la fuerza.


Lima, 4 de abril del 2011

Violenta represión contra pobladores en Islay

viernes, 21 de mayo de 2010

Ley de Consulta Previa: un buen inicio en la agenda colocada por los Pueblos Indígenas u Originarios en el Congreso


Ley de Consulta Previa: un buen inicio en la agenda colocada por los Pueblos Indígenas u Originarias en el Congreso

Marlene Castillo, 21 de mayo 2010
Movimientos Sociales – Tierra y Libertad

“Reconocemos que este es el inicio de un diálogo responsable que marcará el camino a la reconciliación y construcción de una cultura de paz entre el Estado y los pueblos después de los lamentables sucesos de Bagua…invocamos al poder ejecutivo la inmediata promulgación de la presente Ley; y a las fuerzas políticas a cumplir los compromisos asumidos con su aprobación” (21.05.2010, La República)


Con ese reconocimiento, las cinco organizaciones indígenas, que se auto reconocen como tales (AIDESEP, CONAP, CONACAMI, CCP, CNA), han emitido un pronunciamiento público que saluda la aprobación de la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos indígenas u originarios reconocida en el Convenio No. 169 de la OIT, en el Congreso. En un giro inesperado, predominó la sensatez política frente a la inevitabilidad de la obligatoriedad de introducir los términos del Convenio 169- OIT y la reciente unidad de propuesta y de acción de las organizaciones indígenas para defender esta legal y legítima demanda de consulta, en un contexto de evidente y escandalosa corrupción con faenones petroleros incluidos donde el patrimonio nacional ha sido privatizado y aún no ha sido sancionado.

Que el proceso de consulta sea no sólo para las medidas legislativas, sino también para las medidas administrativas (por ejemplo: otorgar concesiones u licencias) así como planes, programas y proyectos nacionales y regionales que afecten directamente sus derechos colectivos, sea sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo (Art. 2). Que la finalidad es lograr un acuerdo o consentimiento entre el Estado y los Pueblos Indígenas u Originarios (Art. 3), que el acuerdo es obligatorio para las partes y que son exigibles en sede administrativa o judicial (Art.15) le otorga. Su promulgación terminaría con la pretensión de reducir la consulta a un acto sólo participativo como siguió argumentando hasta el final el Ministerio de Energía y Minas, y con la terca pretensión del presidente de la CONFIEP de desconocer el alcance de la Ley al señalar que no es vinculante para las empresas que ya tiene el mecanismo de consulta previsto por la Ley de Minería e Hidrocarburos (Gestión 21.05.2010).

Las organizaciones indígenas nacionales son generosas al expresar sus altas expectativas de que constituye el inicio del camino a la reconciliación, así también todos y todas peruanos de buena fe y que queremos a nuestros pueblos indígenas compartimos esos deseos. Marcado ese buen inicio, la agenda de sus justas demandas, pondrá una vez más a prueba la buena fe y su capacidad de desprendimiento de los poderes fácticos por parte de los actuales gobernantes y la capacidad de movilización de las fuerzas radicalmente democráticas hacia la reconciliación del Estado y la sociedad peruana con sus Pueblos Indígenas y originarios.

Este inicio del camino encara una agenda conflictiva en la propia mesa del Congreso y también de los otros poderes del Estado, colocada por la lucha y el proceso de las Mesas de Diálogo. En relación a la implementación de la Ley de Consulta, Un asunto inmediato es la redefinición de la naturaleza del INDEPA, en tanto la Ley aprobada le asigna nuevas funciones en el proceso de consulta, entre otras funciones, le asigna el de “Concertar, articular y articular la política estatal de implementación del derecho a la consulta” (Art. 19). El Dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso que recoge la propuesta de las organizaciones indígenas presentada el 9 de abril, plantea en la Disposición Final y Transitoria, la modificación del Artículo 3 de la Ley 28495 (Ley del INDEPA) con el siguiente texto: “Artículo 3º. Naturaleza. El INDEPA es un organismo técnico especializado – OTE multisectorial, con rango ministerial, personería jurídica de derecho público, con autonomía funcional, técnica, económica, financiera, administrativa y presupuestal. Constituye un pliego presupuestal adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. Tiene jurisdicción en el ámbito nacional”.

Esta reforma es uno de los puntos críticos para asegurar la independencia y transparencia del proceso de consulta, como bien lo expresa la recomendación de la Comisión de Expertos - CEARC-OIT: “La Comisión insta al Gobierno a que asegure la participación efectiva de las instituciones representativas de los pueblos indígenas en el diseño y puesta en práctica de los mecanismos de diálogo y los otros mecanismos necesarios para administrar coordinada y sistemáticamente los programas que afecten a los pueblos indígenas, incluida la reforma del INDEPA. La Comisión solicita igualmente al Gobierno que se asegure que tales mecanismos dispongan de los medios necesarios para el cabal desempeño de sus funciones y de independencia e influencia real en los procesos de adopción de decisiones”.

Sin embargo, lograr esta reforma es aún de menor alcance a la demanda que están exigiendo las organizaciones indígenas del interior del país, especialmente del nor-oriente del país. La demanda de mayor conflictividad con los poderes políticos y económicos reinantes, es sobre la implicancia inmediata de la vigencia de la Ley sobre las medidas legislativas o administrativas en curso. Para las organizaciones indígenas, recogida por la CPAAAAE, la implicancia es la suspensión de dichas medidas: “A partir de la vigencia de la presente norma: 37.1 Si una medida legislativa o administrativa se ha implementado sin consulta, los procedimientos de implementación en curso deben suspenderse hasta que concluya el procedimiento de consulta correspondiente. 37.2 De haberse generado consecuencias irreversibles el Estado estará obligado a reparar e indemnizar los daños de acuerdo a la normatividad vigente”.

Y este punto en particular es el que expresa de cierto modo la determinación de las organizaciones indígenas amazónicas por la suspensión inmediata de las concesiones y exploraciones mineras y petroleras en curso. Poco conocidas y mucho menos difundidas son los pronunciamientos de este año 2010 que reseñamos a continuación.

Uno primero, proviene del territorio ancestral de los Pueblos Awajun y Wampis, que en el último lustro ha sido violentado con las actividades de exploración petrolera y minera inconsultas. El 19 de marzo, 110 representantes de diferentes Comunidades tituladas (de un total de 180) y Anexos de las 5 Cuencas del Alto Marañón, de la Asamblea Extraordinaria de los Pueblos Awajun y Wampis, emitieron un Pronunciamiento público. Donde expresan su rechazo “a cualquier tipo de extractivistas de recursos mineros y petrolíferos”, “a todo estudio de impacto ambiental que no cuente con una previa consulta pública y abierta… porque contradice los derechos internacionales establecidos en el Convenio 169, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas, porque contradice los acuerdos de la Primera Cumbre de los Pueblos Awajun y Wampis de las cuatro regiones, realizado en la fecha del 12, 13 y 14 de Octubre del 2009”. Adjuntan “actas, cartas, memoriales y pronunciamientos de las Comunidades afectadas en rechazo total al ingreso de empresas mineras y petroleras para realizar estudios de impacto ambiental, exploración y explotación de os recursos naturales de nuestro territorio, ya que podría producirse daños irreversibles en la naturaleza que afectarán el futuro de la humanidad” (Santa María, 19 de marzo 2010). Así mismo otorgan credenciales de representación a: Santiago Manuin como presidente de la Comisión Especial Permanente del Pueblo Awajun y a Wrays Pérez como presidente de la Comisión Especial Permanente de Pueblo Wampis.

Otro más reciente, proviene de territorios con data antigua de explotación petrolera y que actualmente encara nuevas actividades de exploración. El 14 de mayo, la Asamblea Extraordinaria de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI SL), de la provincia de Datem del Marañón y Alto Amazonas (región Loreto), emitió un Memorial suscrito por 16 organizaciones de los pueblos Awajun, Achuar, Cocama Cocamilla, Kandosi, Quechua, Shapra, Shawi, Shiwito y Shuar. Donde expresan, entre otros: “Exigir respeto a nuestra decisión: no aceptamos nuevas imposiciones petroleros: no más lotes de concesiones no consultadas, no más invasión de petroleros y no más imposición violenta del falso “desarrollo petrolero”….Tenemos otras alternativas, decimos SÍ a otro tipo de desarrollo… Exigir al Estado el cumplimiento de la Recomendación del Informe de los Expertos de la OTI (febrero 2010) para que se suspendan la exploración y explotación de los recursos naturales “en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados”…Exigir el cumplimiento de la Evaluación Socio ambiental Estratégica de la política nacional de hidrocarburos, donde participe AIDESEP, las organizaciones sociales, y no sólo reducirse a los estudios de impacto ambiental de cada lote hechos apresuradamente y siempre incumplidos…. “Puedo vivir sin regalos ni petroleras…pero LIBRE” (Matama, hermana Kandosi)” suscrito por el Consejo Directivo presidido por Mamerto Maicúa, Pueblo Awajun.

La profundidad y radicalidad de la determinación de las organizaciones indígenas amazónicas va más allá de una simple demanda o petitorio, como vemos no sólo se demanda una medida política inmediata al Estado que salvaguarde su derecho a existir y proyectarse como pueblo indígena amenazado por la invasión de mineras y petroleras impuestas por el gobierno central, sino que también comunica una determinación organizada regionalmente para defender esos derechos. No queda duda que la aprobación de la Ley de Consulta es un buen inicio para el entendimiento en paz, sin más baguazos, cuya promulgación por el Poder Ejecutivo será bien recibido por nuestros hermanos y hermanas indígenas. Lo que nos dicen los pronunciamientos y memoriales es que eso no es suficiente para solucionar en lo inmediato el conflicto y caminar en paz en la propia marcha del proceso de implementación de la Consulta. Se precisa, como bien lo ha interpretado la Comisión CEAR-OIT, que se “i) suspenda las actividades de exploración y explotación de recursos naturales que afectan a los pueblos cubiertos por el Convenio en tanto no se asegure la participación y consulta de los pueblos afectados a través de sus instituciones representativas en un clima de pleno respeto y confianza, en aplicación de los artículos 6, 7 y 15 del Convenio”.

La promulgación de la Ley de Consulta, esperamos no sea la única sino la primera demanda atendida de la agenda del proceso de las Mesas de Diálogo. Siguen aún pendiente de atender las propuestas de derogatoria de los Decreto Ley inconsultos, la plena identificación y sanción a los responsables políticos del operativo militar que culminó con la muerte de 33 personas y 1 desaparecido, la despenalización de la lucha social, el reconocimiento de los deudos de las víctimas indígenas, entre otros.

Estamos a menos de quince días de que se cumpla un año de los sucesos, las organizaciones indígenas nos convocan a los actos recordatorios a realizarse en Bagua, con la declaración de ese día como “5 de Junio: Día de los Mártires en defensa de la vida y la Amazonía del Perú”. La hondura política de esta calificación corresponde plenamente al alcance de la lucha indígena amazónica: su justa demanda por la consulta previa y por la suspensión de las concesiones y exploraciones mineras y petroleras en el bosque amazónico es también la lucha por defender la Vida y la Amazonía, en un momento histórico donde la supervivencia de la humanidad, amenazada por patrones de desarrollo destructores de la naturaleza en nombre del incesante crecimiento económico capitalista y de un consumismo exponencial, está en jaque como lo muestran las proyecciones de los escenarios futuros de cambio climático publicados por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático.

Perú: Organizaciones celebran aprobación de la Ley de Consulta como un logro positivo

Perú: Organizaciones celebran aprobación de la Ley de Consulta como un logro positivo tomado de www.servindi.org


Servindi, 20 de mayo, 2010.- Con honda satisfacción representantes de las organizaciones indígenas y asociaciones aliadas celebraron ayer la aprobación de la “Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

En una reunión celebrada en la asociación Paz y Esperanza dirigentes de las organizaciones AIDESEP, CCP, CNA, CONACAMI y CONAP consideraron de manera unánime que se trataba de un logro importante resultado de múltiples esfuerzos.

Todos los presentes en la reunión fueron unánimes en considerar que la unidad entre las organizaciones indígenas y los aliados fue un factor clave del éxito.

Denis Pashanase Sangama, coordinador de la mesa de diálogo Nº 3 por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), expresó que este logro es un resultado concreto en homenaje a la vida que ofrendaron nuestros hermanos indígenas amazónicos.

“Nuestras bases exigen resultados y a veces es muy díficil conseguir algún fruto concreto. Ahora tenemos una buena noticia que llevar a nuestras bases” indicó Pashanase.

Denis agradeció el apoyo de las asociaciones aliadas que acompañaron el proceso de diálogo con el Estado durante varios meses e incluso haciendo sacrificios personales, trabajando sin horario y a veces hasta altas horas de la noche.

Pashanase agradeció a la Defensoría del Pueblo quién acercó cada vez más sus posiciones hacia lo que pedían las organizaciones indígenas y permitió que “se fueran limando las diferencias”.

Mario Palacios Panez, Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), agradeció el apoyo de todos los que han aportado y se han sumado al proceso de empujar la Ley de Consulta hacia adelante.

Melchor Lima, Secretario Colegiado de la Confederación Campesina del Perú (CCP), señaló también que ahora tenemos el reto de prepararnos para vigilar que la norma no quede en papel y se cumpla de manera efectiva.

Javier Jahncke, de la asociación FEDEPAZ y la Red Muqui, expresó la necesidad de expresar un reconocimiento formal a la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos encabezada por Elizabeth León que ha trabajado en un proceso muy largo el tema de la consulta.

Hernan Coronado, del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), expresó que un logro significativo ha sido que los pueblos indígenas han fortalecido su presencia en el debate público.

Jorge Agurto, de Servindi, señaló que un desafío importante es fortalecer a las organizaciones de los pueblos indígenas para vigilar y exigir el cumplimiento de la norma aprobada.

Rodrigo Arce, consultor y facilitador de procesos sociales y ambientales, afirmó que la aplicación de la Ley de Consulta impone desafíos y aprendizajes para la negociación en los procesos de consulta porque existen asimetrías en las que los pueblos indígenas están en desventaja.

“Se requieren consolidar capacidades para tener negociadores comunitarios que dominen técnicas de diálogo y concertación” advirtió Arce.

Alicia Abanto, Jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señaló que la ley es un reto y también una oportunidad que requiere el fortalecimiento institucional de las partes. Destacó, asimismo que se trata de una norma única en América y se proyecta como un ejemplo para otros países.


Denis Pashanase (AIDESEP), Oseas Barbarán (CONAP), Antolín Huáscar (CNA), Mario Palacios (CONACAMI) y Melchor Lima (CCP). Con terno, Hernan Coronado (CAAAP), Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Alva Castro: Ley hace justicia a pueblos indígenas

Reunión de lideres indígenas con Alva Castro previa a la aprobación. Foto Andina


Luis Alva Castro, Presidente del Congreso de la República, destacó ayer la decisión de las bancadas políticas representadas en el Parlamento, que con su voto, en mayoría, permitieron la aprobación de la Ley del Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas.

Dijo que la norma hace justicia a las comunidades en la defensa de sus derechos colectivos de existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo.

El titular del Parlamento resaltó que la norma aprobada se constituirá en el instrumento que posibilite alcanzar acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas o lograr su consentimiento, previa consulta sobre las medidas legislativas o administrativas que podrían afectar directamente los derechos de las comunidades.

Alva Castro indicó que, de esta forma, el Congreso cumple con lo establecido en el artículo 6º del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú, mediante Resolución Legislativa 26253.

martes, 11 de mayo de 2010

Extractivismo. Neo Extractivismo. Post Extractivismo/ Carlos Monge



La Primera (05 Mayo 2010)

En Ecuador el Presidente Correa está nacionalizando la renta petrolera, pero paralizó el Proyecto Yasuni (dejar bajo tierra el petróleo ubicado en un Parque Nacional) y da luz verde a nuevos grandes proyectos mineros. Argumenta que el Fondo Yasuní estaba mal diseñado y que el país necesita la renta petrolera y minera, pero sus críticos dicen que no quiere romper con el modelo primario exportador y que por eso es un neo extractivista.

En Bolivia, el Presidente Morales se ha comprometido a triplicar la exportación de gas a Argentina manteniendo las exportaciones a Brasil. Pare ello necesita extraer más gas, lo que ya está generando contradicciones con los sectores ambientalistas y los grupos indígenas, que sienten que YPFB comienza a acercarse a las aéreas naturales protegidas y los territorios indígenas. Ellos lo acusan, también, de neo extractivista.

En el Perú este tema ya hace rato que es central en la agenda de los movimientos sociales (poblaciones indígenas amazónicas defendiendo sus territorios y sus bosques contra las petroleras y las plantaciones agroindustriales; poblaciones andinas contra la minería en defensa de su agua y su agricultura). Pero recién entra al debate político, y muy lentamente. De hecho, las izquierdas hemos puesto énfasis en la nacionalización y redistribución de la renta (menos gollerías tributarias a las empresas, mayor pago de regalías, impuestos a las sobre-ganancias, etc.) pero sin cuestionar la apuesta de fondo por las industrias extractivas como motor del desarrollo. Hasta ahora, hemos sido –también- neo extractivistas.

Es ciertamente importante que las industrias extractivas generen mayor renta y que estas se repartan y se usen mejor. Pero ni en la Amazonía, ni en Tambogrande, Majaz, Andahuaylas, Espinar, Chumbivilcas, o Islay, la gente discute cuanto pagan las empresas ni como se distribuye esa renta. Lo que la gente discute es como se protegen los territorios y las aguas que sustentan otros modos de vida.

El reto hoy es construir políticas públicas hacia un escenario post extractivista, con menor dependencia de este sector. Ese es el reto de hoy. Comencemos por respetar los territorios indígenas y por hacer zonificación y ordenamiento territorial participativos para definir que industrias extractivas son viables en donde. Veamos cómo se sustituye la energía y la renta que las industrias extractivas ahora generan. Apostemos por otros motores del crecimiento. Reto complejo, pero ineludible, si queremos que superar las trampas del neo extractivismo y pensar desarrollo, bienestar y buen vivir en nuevos términos.

Asumió y detuvo la minería a cielo abierto. Presidenta de Costa rica declara moratoria



Latinoamérica - Costa Rica
Lunes 10 de Mayo de 2010 14:58
La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, suscribió este sábado un decreto de moratoria de la minería metálica a cielo abierto, minutos después de asumir el mandato que ostentaba Oscar Arias, en una ceremonia solemne.

Fuentes: diarios La Nación y La Prensa
San José - 08/05/2010. Concluidos los actos de traspaso, la nueva presidenta juramentó a sus ministros y veciministros y firmó tres decretos, uno de los cuales suspende indefinidamente la explotación de minerales a cielo abierto, un reclamo reiterado por ambientalistas y organizaciones sociales.

Los pormenores del decreto no han sido dados a conocer, por lo que no está claro si tendrá incidencia en el conflicto generado en torno al proyecto de explotación de oro en Las Crucitas, al norte del país, suspendido en este momento por un proceso judicial.

La mina que pretende explotar la empresa canadiense Industrias Infinito, cerca de la frontera con Nicaragua, para extraer 700 mil onzas de oro, obligaría a destruir unas 200 hectáreas de bosque primario que, según afirman los especialistas, alberga especies de fauna y flora en peligro de extinción.

El proyecto se reactivó hace más de un año en virtud de un decreto de "interés nacional" que emitió el expresidente Oscar Arias, pero fue inmediatamente detenido por un recurso de amparo interpuesto por líderes ecologistas ante la Sala Constitucional, el máximo tribunal del país.

Los magistrados rechazaron el mes pasado el recurso, pero otro tribunal que llevó a cabo un proceso contencioso administrativo mantiene congeladas las obras.

Chinchilla ha manifestado su oposición a la minería a cielo abierto, por el daño que puede producir al medio ambiente.

Moratoria de Chinchilla no incide en Crucitas
El caso que afectaría el Río San Juan sigue su curso judicial

En su primer Consejo de Gobierno, la presidenta de la República, Laura Chinchilla, firmó un decreto de moratoria a la minería de oro a cielo abierto y subterráneo.

Con el decreto, Chinchilla cerró las puertas a proyectos de minería que están en proceso de aprobación en el país.

Con esa disposición, el Gobierno "declara la moratoria nacional por plazo indefinido para la actividad de minería metálica de oro en el territorio nacional. Entendida ésta como la exploración, explotación y el beneficio de los materiales extraídos utilizando cianuro o mercurio", señala el documento que regirá una vez publicado en el diario La Gaceta.

Este decreto amplía el que ya había firmado el hoy ex presidente Óscar Arias el 29 de abril de 2010, que declaraba una moratoria a la minería.

La disposición, sin embargo, no afecta el proceso ni los permisos otorgados por la declaración de interés público que emitió Arias en el 2007, respecto a la empresa Industrias Infinito, en Cutris de San Carlos.

"La moratoria rige a partir del momento en que se declara. Los derechos adquiridos por Industrias Infinito para la mina Las Crucitas están siendo debatidos en los tribunales de justicia", dijo el vicecanciller, Carlos Roversi.

La mandataria recalcó que la agenda "no se agota aquí, pero la idea era enviar desde hoy un mensaje en relación con los temas prioritarios".

sábado, 8 de mayo de 2010

En Islay triunfó el diálogo, la democracia y la perseverancia del pueblo

En Islay triunfó el diálogo, la democracia y la perseverancia del pueblo

Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad
Eduardo Galeano


1. Saludamos que el gobierno peruano ha retrocedido en su insistencia de imponer el proyecto minero Tía María a cualquier costo. Ha sido un gran triunfo popular que se declararen intangibles las aguas superficiales y subterráneas del valle del Tambo, que se revisen las observaciones al Estudio de Impacto Ambiental con participación de la comunidad y el cese de las actividades de la Southern por 90 días, entre otras justas demandas locales.

2. El gobierno peruano solo recuperará la confianza de la población si es que honra estos acuerdos, manteniendo un diálogo sincero y respetuoso. Para ello es imprescindible que cese la persecución judicial contra los dirigentes falsamente acusados de apología al terrorismo. Deben abandonarse para siempre la represión y criminalización como mecanismos de resolución de conflictos e imposición de un modelo de desarrollo. Estas políticas solo generan frustración y muerte de civiles y policías, y degradan el estado de derecho.

3. El conflicto de Islay es una alerta más, que nos señala la urgencia de cambiar los marcos institucionales de la actividad minera en el país. Y más que eso, nos obliga a repensar nuestra perspectiva de desarrollo como sociedad en el largo plazo. Crecen desordenadamente las concesiones en costa, sierra y selva, ocupando o afectando tierras agrícolas y reservas de agua cada vez más escasas en el contexto del cambio climático. Estamos hipotecando nuestras posibilidades de implementar otros modelos de desarrollo y nuestra seguridad alimentaria, sin respetar las formas de vida de las comunidades y pueblos del Perú.

4. La única salida democrática y duradera, es regular la actividad minera en el marco de procesos de ordenamiento territorial, desarrollados con participación real de la población afectada a través de las consultas vecinales, o la consulta previa en el caso de los pueblos indígenas conforme al Convenio 169 de la OIT. El actual modelo institucional de las actividades extractivas está agotado, por su déficit democrático, la destrucción ecológica, la falta de redistribución de sus ganancias, y las injusticias sociales que genera.

22 de abril de 2010



COMITÉ DE APOYO A LA LUCHA DEL PUEBLO DE ISLAY CONTRA EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA



ADHESIONES:

Raúl Zibechi, Uruguay

Dr. Agustín Lao Montes, Universidad de Massachussets, Amherst, EEUU

Dra. Marisol de la Cadena, Antropologa-DNI 07587162

Jai Sen, CACIM - India Institute for Critical Action : Centre in Movement, New Delhi, India

Dr. Rolando Vazquez, Roosevelt Academy (Utrecht, Países Bajos)

Dr. Rodrigo Montoya Rojas, Profesor emérito de la Universidad nacional Mayor de San Marcos - DNI N 06597135.

Marco Arana Zegarra

Mg. Ramón Pajuelo Teves - Investigador del Instituto de Estudios Peruanos -DNI 09760100

Dr. Héctor Javier Sánchez Pérez, Chiapas, México

Dra. Stephanie Rousseau, Universidad Laval, Quebec, Canada

Dra. Maristella Svampa, Investigadora del Conicet, Profesora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Dr. Jorge Alonso, CIESAS Occidente, Mexico

Dra. Xochitl Leyva, CIESAS Sureste, Chiapas, México

Dr. José De Echave, Lima, Perú

Dr. Juan Almendares, Universidad Nacional de Santiago del Estero, Argentina

Dra. Lucrecia Soledad Wagner, UNICEN-Universidad de Congreso, Argentina

Egla Martinez, Carleton University, EE UU

Dra. Sylvia Marcos, Cuernavaca, Mexico

Dra. Nancy Thede, Universidad de Quebec, Montreal, Canada

Pedro Francke, DNI 10146581

Ingrid Kossmann - Docente de Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina

Marcelo Giraud - Prof. Asociado cátedra "Geografía de los Espacios Mundiales" - Universidad Nacional de Cuyo (Argentina)

Myrian Genisans- Artista Plàstica- Docente Facultad de Artes, UNT- Argentina

Marco Antonio Ninahuanca Martinez - presidente proyecto Inkari Universidad Indígena Andina (ginebra, suiza)

Dra. Mirta Alejandra Antonelli – Profesora - Facultad de Filosofía y Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

Ing. Silvia Velez - Prof. Educacion Ambiental

Alvaro Campana Ocampo

Vladimir Pinto

Prof. Daviken Studnicki-Gizbert, McGill University – Canadá

Christian Velasquez D.N.I 40403933

Elna Abad Bereche DNI : 06576691

Juan Carlos Giles Macedo DNI: 10605982

Yomar Melendez Rosas- Vicepresidente Nacional del Movimiento Nueva Izquierda (Perú)

Raquel Palomino . DNI 09536909.

Marten van den Berge

Marfil Francke

Pablo Bergel (Buenos Aires)

Pedro R. Zárate, Presidente de la Asociación Argentina Natura

Lorena Bottaro - DNI: 26194520 - Buenos Aires (Argentina)

Bruno Giambelluca - Responsable de Campaña Basura Cero Bahía Blanca (Argentina)

Leonardo Macciocchi, Argentina

Claudio Macciocchi, Argentina

Lic. Silvana Buján, (Mar del Plata)

Jorge Delgado

Miguel Ángel Mejía Regalado - DNI 07912434

Freddy Carbonel - PRO ECO grupo ecologista - Red Nacional de Acción Ecologista Tafí Viejo - Tucumán

Vanessa Rodriguez Gomez, Barcelona-España

Cecilia Mauna

JULIE FORTABAT (Buenos Aires, Argentina)

Carlos Rossi

Jose Luis García Haluzo, Argentina

Alicia Carranza - Pasaporte. 08589868 - Córdoba. Argentina

Gabriel Di Nicola, Buenos Aires Argentina

Ana Carolina Catellani, DNI: 28.608.016, ARGENTINA

Claudia Rivero, Provincia de Río Negro, Argentina

Beatriz Weimann (Asamblea de Vecinos de Sierra y Villa Ventana, Provincia de Buenos Aires, Argentina)

Luís Alberto Sanmartino (Santa Fe, Republica Argentina)

Noemi Ambrosi, Barcelona, Catalunya

Dra. Lilia Mabel Labiano San Luis Argentina

Silvina Basualdo- Buenos Aires

Ivan Chalak - Programas especiales de Becas (Buenos Aires)

Humberto Piccione

Alejandro Panasci

Nury Garcìa Còrdova DNI 08188746

Mario Vidori C.E. 676719

ORGANIZACIONES:

Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI – Perú

CooperAcción, Perú

Movimiento Tierra y Libertad, Perú

Programa Democracia y Transformación Global, Perú

Programa de Defensa de los Derechos Indígenas, Perú

Paz y Esperanza – Perú

Colectivo Tinkuy, Perú

Colectivo ContraNaturas, Perú

Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

Red Nacional de Acción Ecologista, Argentina

SAVIA – Escuela de Pensamiento Ecologista – Guatemala

COECOCEIBA – Amigos de la Tierra – Costa Rica

Pastoral Social de la Diócesis de San Marcos - Guatemala

Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel – Argentina

Colectivo Ojala, Países Bajos

Convergencia de Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA) – México

Colectivo Sumaj Kawsay - Asanoa Catamarca - Unión de Asambleas Ciudadanas – Argentina

Vecinos autoconvocados de Sierra de la Ventana, provincia de Buenos Aires, Argentina

Movimiento Madre Tierra Honduras miembro de ATALC ATI, OIL WATCH, Mesomaerica

Otros Mundos AC/ Chiapas – México

Maderas del pueblo del sureste, Argentina

Proyecto de Investigaciòn CIUNT, Tucumàn, Argentina

Asamblea Socio Ambiental del NOA, nexo Tucumàn, Argentina

PRO ECO grupo ecologista, Tucumàn, Argentina

Asamblea de Vecinos Autoconvocados Ongamira Despierta, Córdoba, Argentina

Asamblea Socio Ambiental del NOA BIOS ARGENTINA

Centro Ecologista Renacer de Villa Constitución, Santa Fé, República Argentina,

Red Nacional de Accion Ecologista de la Argentina

Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH-Argentina)

Vecinos autoconvocados de sierra de la ventana (Buenos Aires, Argentina)

Asambleas Ciudadanas Riojanas (Capital)- La Rioja, Argentina

Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala - NISGUA

Movimiento Mexicana de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos – México

Marea Creciente – México

Unión de Comunidades Indigenas de la Zona Norete del Istmo (UCIZONI) – México

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP) – México

Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos de Oaxaca – México


Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ-Nacional) – México